Los manotazos

Y cuando parecía que ya nada puede asustarnos resulta que la Presidenta Fernández de Neón decide patear el tablero otra vez, como adolescente chinchuda. Ahora, frente al brete en que se metió con el tema de los fondos “buitres”, propone una ley con nombre rimbombante y con más preguntas que respuestas. La ley impronunciable dice más o menos que se les ofrecerá a quienes tengan bonos de deuda argentina (bonistas, no bonitos) la opción de cobrarlos en la capital de la Comarca y no en Nueva York, como estaba estipulado. La idea es limitar el daño que hizo ese juez botarate que falló en contra del país. El Opa ha intentado dialogar con abogados (que por supuesto no tienen idea del tema) y con economistas (que tampoco). Como no pudo sacar nada en limpio y los diarios oscurecen más que nadie, intentará el Opa esclarecer sus cavilaciones.

En el principio hubo bonos de la deuda de la Comarca que sirvieron para que entre dinero fresco. Al igual que un pagaré, los que tengan esos bonos los pueden vender por un poco menos de dinero y no esperar a su vencimiento, que puede ser a, digamos, diez años. El que los venda antes recibirá menos dinero, lógicamente; el que los cambie cuando venzan, cobrará intereses. Hay mercados de bonos donde los especuladores especulan con comprar barato y vender caro. Así, hay gente que compró por poca plata esos bonos nuestros y se dedicó a esperar para cobrar todo el dinero. Un juez les dio la razón, y ordenó que la Comarca les pague el valor nominal, es decir, lo que cada bono dice que vale: si dice 100, hay que pagar 100, aunque se hayan comprado a 20 (cualquier parecido con nuestra idiosincracia nacional es mera coincidencia). A esa gente los llaman “buitres”, porque se alimentan de carroña: nuestros bonos.

Primero se intentó negociar con ellos, pero parece que no aceptaron ninguna rebaja. Técnicamente la Comarca entró en “default”, es decir, en cesación de pagos. Sin embargo, se ordenó que se deposite la cuota del mes en un banco de Nueva York para que cobren los que sí aceptaron un acuerdo, que son un 93% de todos los bonistas. Pero el juez intentó impedir ese pago porque pretendía que antes se pague al otro 7%. La cosa se puso jodida, y finalmente lo permitió, por única vez. El problema del juez es que sostiene que si no se les paga el 100% al 7% de bonistas que no entró en el acuerdo, va a impedir que se le pague al otro 93%, poniendo en peligro toda la arquitectura de ese acuerdo soberano. Es decir que suma una locura a otra locura.

Volvamos a la ley. Claramente es una forma de pasar al juez por la banquina, y eso suele no ser buena idea.

Ahora imaginemos una cosa.

Imaginemos que Noruega, o Islandia, tienen un problema con fondos “buitres” y un juez obcecado quiere hacerle pagar el 100% a una minoría, a riesgo de destruir un acuerdo que aceptó la mayoría de sus acreedores. Imaginemos que esos países, con gobiernos ejemplares, deciden cambiar el lugar de pago de esa mayoría, para poder pagarles sin problemas. Pensaríamos que en principio no está mal, pero nos quedan algunas preguntas. Cuando un estado se endeuda y negocia con sus acreedores, ¿es igual a un acreedor privado? En principio un privado no puede andar cambiando de lugar de pago, porque es una cláusula fundamental de cualquier contrato. ¿El estado sí podría? El estado es soberano, pero eso no significa que pueda violar sus compromisos impunemente.

Ahora, si ese cambio de lugar de pago se propone para poder pagarle a la mayoría, y no para estafarlos, ¿hay algún perjuicio concreto para esa mayoría? Recordemos que en el escenario del juez, no podrían cobrar nada hasta que les paguen a los “buitres”; y que si se les paga a los buitres los de la mayoría podrían pedir que también a ellos se les pague el 100%, con lo que la reducción de deuda se caería. Aislados de la coyuntura, cree el Opa que no estaría tan mal una ley semejante, siempre que el cambio de lugar de pago sea voluntario y no obligatorio: se les permite a los de la mayoría que cobren como venían haciendo, mientras los de la minoría siguen en el tribunal que los benefició, y el gobierno puede buscar una salida razonable sin que estalle su economía.

Eso en la teoría.

Ahora, ¿es posible aislarse de la coyuntura de la Comarca? Una presidenta desesperada por el aplauso de las focas oficiales, con un relato adolescente e irresponsable, con un vicepresidente multiprocesado, que han estrolado juntos la calesita de la economía nacional, todo esto antes del episodio de los “buitres”. Como la economía de la Comarca ya estaba estallando (el Opa contó 8 negocios cerrados en las 5 cuadras que hay hasta su trabajo), a alguien habría que echarle la culpa de todo. Ahora, la tuvieron los “buitres”. Claro que el apriete de los “buitres” agrava la crisis, pero la crisis estaba de antes, lo sabe hasta el Opa.

La pregunta que ronda insistente su atormentada cabeza es si es posible aislar la idea misma de la ley, de la coyuntura en la que se propone. Lo pregunta honestamente, porque no tiene respuestas obvias. Y porque las consecuencias no serán menores en ningún caso. En principio, se interpreta que pone a la Comarca en default porque cambia un aspecto importante del acuerdo. Eso complica cualquier transacción internacional del Estado, más allá de la presidenta Fernández de Neón y su corte de atorrantes.

Puertas adentro significa que frente a la incertidumbre nadie que tenga un peso en el bolsillo lo sacará de allí. Eso explica que haya caído un 31% la construcción y un 26% la venta de autos, dos indicadores de recesión que finalmente ha sido admitida por la fábrica estatal de estadísticas. Eso significa el cierre de empresas y kiosquitos, pérdidas de puestos de trabajo, caída de la recaudación, emisión de rupias para tapar los awjeros, aumento de la inflación, empobrecimiento masivo de los laburantes, enriquecimiento súbito de los empresarios que con Ella la levantaron en pala, aumento del miedo, la desigualdad, la inseguridad, la desigualdad, la miseria, la desigualdad. Hasta hace unos meses la desigualdad ya era peor que en la década de los ´90. Será aún peor.

Luego, el próximo gobierno posiblemente pretenda aplicar recetas de ajuste y hambre, profundizando el escenario. Esto lo vivimos, precisamente, en los ´90.

Le han contado al Opa que la economía es un juego basado en la confianza. Uno confía, y apuesta un mango. Y el del lado vio que uno puso una rupia, y pone también unos tombuctúes. Y así. Entonces, en un contexto de racionalidad, con gobernantes ejemplares, una medida como la propuesta podría ser una salida interesante, porque el shock del patadón en el tablero sería amortiguado por la serena firmeza del susodicho gobierno. En la Comarca, donde hasta los ministros la encanutan en cuevas de las Seychelles, es difícil que esto tenga algún efecto positivo. El problema es que tampoco queda claro si la presidenta tenía otras opciones. Lo triste de los manotazos de ahogado es que generalmente no hay más trucos: la galera está vacía. Y los bolsillos también.

Y el Opa tiene la Comarca llena de preguntas.

Antiterroristas somos todos

En estos días la Comarca ha sido sacudida por otra andanada de vituperaciones presidenciales, pero esta vez agravada por la amenaza de aplicarle a una empresa privada la llamada Ley Antiterrorista. Como el Opa no entiende mucho de estas cosas le preguntó a un abogado que sabe. Tampoco sabía. Los abogados, en general, no conocen la ley antiterrorista. Así que el Opa tuvo que buscarla en internet.

Así el Opa se enteró que no es una ley. Son dos. La primera, sancionada el 13 de Junio de 2007 (gobernaba Él), y la segunda, sancionada el 22 de Diciembre de 2011 (gobernaba Ella). Las leyes duplican las penas cuando los delitos comunes se cometan para “aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.” Utilizando la jerga de las Orgas, para “apretar” a alguien. No es muy claro eso de aterrorizar a la población, porque uno nunca sabe del miedo de quién estamos hablando: ¿del miedo de una señora que lee Clarín y ve a Mirta?, ¿del miedo de un militonto que ve “6,7,8” y se asusta con una foto de Cavallo?, ¿del miedo de un vicepresidente cuando pasa por Tribunales? Como “la población” es un conjunto indeterminado, se pregunta el Opa quién mediría ese terror, quién en la Comarca es el portador del “sustómetro” popular que determina que un piquete genera miedo suficiente. “El juez lo determina”, le dijeron. Ahora sí que el Opa está asustado. Un juez. ¿Y si el juez tiene miedo de que lo escrachen con la amante, o con las acciones del “feed-lot”, o con la moto que le regaló el imputado?

Las organizaciones de derechos humanos pusieron el grito en el cielo porque cualquier manifestación podría caer en la otra conducta: obligar a las autoridades a hacer algo o no hacerlo. En Chile han condenado por terroristas a los Mapuches que protestan por sus tierras, hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile. Ejemplos sobran. Entonces agregaron un parrafito que dice que la ley no abarca el ejercicio de derechos humanos, sociales y constitucionales, es decir que en principio los piquetes zafan.

La Madre de todas las Madres, doña Hebe, dijo que no había problema, porque el gobierno de la presidenta Fernández de Neón nunca la utilizaría. Claro que no, le dijeron los abogados, porque los presidentes no aplican las leyes, esa es tarea de los jueces. El Opa se rasca la cabeza: si el gobierno no piensa aplicar una ley, ¿para qué la sancionó? Y luego, ¿qué pasa si un fiscal o un juez decide aplicarla, a pesar de que el gobierno no se lo pida? El Opa preguntó a un militante de Madres, pero éste lo trató de cipayo de la opo a sueldo de Magnetto.

También se castiga a quienes aporten dinero para quienes estén acusados de terrorismo. Ahora el Opa se preocupa. ¿Qué pasa si los empleados de una fábrica juntan unos pesos para el abogado del delegado, acusado de terrorista por incendiar una cubierta? Según la ley, están financiando al terrorismo. Si le llevan puchos a la comisaría o juntan unos mangos para que su mujer pueda alimentar a los pibes, también.

Pero ahora resulta que por cadena naciomal la presidenta Fernández de Neón anuncia que aplicará la ley antiterrorista contra una empresa que cerró sus puertas. Montón de empresas cerraron sus puertas en estos últimos dos años. Las cifras de desempleo son tan creíbles como un titular de Clarín. Pero la presidenta amenazó con usar la ley antiterrorista porque esta empresa cerró sus puertas con el fin de “aterrorizar a los argentinos”. La empresa dice que el año pasado perdió 25 millones de rupias verdes, y que este año perdería 40. Se pregunta el Opa si es obligatorio que una empresa pierda ese dinero, y se pregunta por qué es criminal y terrorista cerrar como tantas empresas, entre ellas las que pertenecen al testaferro oficial, Lázaro, el que se levantó y andó (y vaya si andó). Según le explicaron, si una empresa les paga sus deudas y la indemnización a los trabajadores, puede cerrar. Que hay un procedimiento especial para que el cierre no sea tan traumático. Por alguna razón a esta empresa no le permitieron entrar en ese procedimiento, el Opa no hará especulaciones porque ni él ni los abogados de la Comarca saben bien qué onda.

Es así como, contra lo prometido por Hebe, la presidenta eligió un enemigo y lo usará para culparlo de todos los males. Recuerda el Opa su post sobre el Populismo: siempre hace falta un enemigo a mano, alguien a quién echarle la culpa de nuestros mocazos. Es psicopatía de manual.

Se vive cierta angustia en la Comarca, con locales cerrados, con liquidaciones por cierre, con pibes que te dan vuelta de un cuetazo con la misma impunidad y falta de razones que un policía de gatillo fácil, que también abundan. Hay razones para tener miedo. Pero se pregunta el Opa si lo terrorífico no es el uso de una ley aberrante para cazar brujas, una vieja costumbre del peronismo desde la época del Brujo. Hasta en eso somos setentistas.